Muchas empresas extranjeras siguen haciendo negocios en Rusia como si la guerra de Ucrania no existiera. Las razones son diversas. Las que deciden retirarse se enfrentan a un procedimiento largo y difícil
Cuando el primer McDonalds abrió sus puertas en Moscú en enero de 1990, todo fueron prisas por ir a más. Pero lo que entonces se veía como un viento de cambio tras la Guerra Fría hoy se ha convertido en una tormenta que, para muchos, toma un rumbo claro: el de salir del país.
Y es que Rusia ha empezado a poner bajo su control a las empresas extranjeras. Según informa la agencia estatal de noticias Tass, la Agencia Federal Rusa para la Gestión de la Propiedad Estatal (Rosimushchestvo) ha decidido que gestionará ella misma las distintas empresas en función de su importancia para la economía rusa.
Así, en casos como los del importador alemán de gas natural nacionalizado, Uniper —con su filial rusa de centrales eléctricas Unipro—, y de la empresa finlandesa de servicios públicos Fortum Oyj, esto no significa directamente la expropiación, sino que a partir de ahora las decisiones de gestión las tomará Rosimushchestvo.
Algunas empresas que en un principio querían permanecer en Rusia —y que adujeron diversas razones para ello— han decidido ahora, más de un año después de la invasión a gran escala de Ucrania, retirar sus participaciones en Rusia. Pero resulta que, para las empresas, abandonar este país no es tan fácil como pueda parecer.
Para empezar, ha de solventarse una compleja cuestión financiera: las empresas occidentales deben vender sus participaciones en activos rusos con un descuento del 50 %, según una nueva decisión, además de pagar el 10 % de un «impuesto voluntario de salida» al presupuesto ruso.
Con este dinero, según el portavoz del Gobierno, Dmitry Peskov, Rusia quiere constituir un fondo de compensación en respuesta a «la expropiación ilegal de activos rusos en el extranjero». Cabe recordar que La Unión Europea ha impuesto a Rusia sanciones individuales selectivas, sanciones económicas y distintas medidas en materia de visados, además de las sanciones vigentes desde 2014.
Vender no es tan fácil
Con todo, el primer obstáculo es la propia venta, como explica a Euronews Alexandra Prokopenko, antigua empleada del banco central ruso y consultora en el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores.
Porque encontrar un comprador no es tan fácil. No se puede comerciar como si nada con unas 6000 personas y empresas que figuran en las diversas listas de sanciones. Además, el Estado ruso tiene que estar de acuerdo con la venta, y en algunos casos el propio Vladímir Putin. Y eso puede llevar su tiempo.
«Los que tenían un buen socio en Rusia pueden tener suerte e incluso obtener beneficios con la venta», explica Prokopenko, en alusión a las conexiones de las empresas con círculos gubernamentales. Es lo que ocurrió en el caso de Shell, que obtuvo más de 1000 millones de euros por su participación en el proyecto nacionalizado de gas natural licuado Sakhalin-2.
Otras empresas, entre ellas el fabricante de automóviles francés Renault, abandonaron aparentemente el país para limitar los daños: la empresa francesa pagó «un rublo simbólico», según dijo el entonces ministro de Economía de Rusia, Denis Manturov, aunque a cambio recibió una opción de recompra de seis años.
¿Por qué ahora?
Quienes, al principio de la guerra, encontraron argumentos suficientes para justificar sus actividades en Rusia, se enfrentan a una situación cada vez más incierta. Además, opina Prokopenko, las empresas occidentales temen cada vez más «ser tachadas de partidarias de la guerra de Putin».
En su opinión, la decisión del Tribunal Administrativo Federal de Leipzig, que el pasado mes de marzo desestimó la demanda de la petrolera rusa Rosneft contra la tutela de dos filiales alemanas, también ha influido en la aprobación del nuevo decreto de Putin.
Por su parte, la Agencia Federal de Redes alemana ha puesto bajo tutela a las filiales alemanas de Rosneft RDG GmbH y RNRM GmbH desde septiembre de 2022, para garantizar el mantenimiento de las operaciones comerciales y, por tanto, la seguridad del suministro en Alemania.
Esto se debe a que las compañías de seguros, las empresas de TI y los bancos ya no estaban dispuestos a trabajar con las dos refinerías rusas de Rosneft, según informó el Gobierno alemán. «Esta decisión fue vista en Rusia como un robo a plena luz del día», afirma el experto financiero. En verdad, el «pretexto» perfecto para el decreto de Putin.
